El anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua cierra un proceso que los informes internacionales llevan años documentando. Análisis del backsliding democrático, sus mecanismos y la comparativa regional, con los hechos separados de la lectura editorial.

El retroceso democrático en América Latina (caso Nicaragua)

El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció que Nicaragua dejará de celebrar elecciones. La declaración no cayó sobre tierra virgen: cierra un proceso que los informes internacionales sobre libertades llevan años documentando. Más que una noticia del día, conviene leerla como la culminación visible de un fenómeno con nombre propio en la ciencia política: el retroceso democrático, o backsliding.

Qué es el retroceso democrático

Según la literatura académica recogida por el instituto V-Dem y por el artículo de Wikipedia sobre democratic backsliding, este concepto describe el deterioro gradual e incremental de la calidad de las instituciones democráticas. No suele tomar la forma de un golpe de Estado clásico. Opera con otros mecanismos: el agrandamiento del poder ejecutivo, la captura de los órganos legislativos y judiciales, y la subversión electoral paulatina. Son cambios legales, paso a paso, que terminan vaciando de contenido el andamiaje formal de la democracia.

El motivo de que avance por esta vía es sencillo. Mantener las apariencias cuesta menos que romperlas de golpe. Las elecciones siguen celebrándose, pero se vuelven procesos dudosos. La oposición se estrecha. Las instituciones que deberían fiscalizar al poder dejan de hacerlo.

El caso Nicaragua

El anuncio de Ortega encaja en ese patrón. El 19 de julio, con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente dijo que no habrá más elecciones "para que intenten arrebatar el gobierno y el poder". CNN, Reuters y El País lo confirmaron como hecho. La medida, para ejecutarse, exigiría una reforma constitucional que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, debería aprobar todavía.

Ortega acumula el poder de forma continua desde 2007, en un mandato que comparte con su esposa Rosario Murillo. En noviembre de 2024, una reforma constitucional amplió las atribuciones del ejecutivo, subió el mandato presidencial a seis años e instaló a Murillo como copresidenta. Freedom House clasifica al país como "not free", con una puntuación agregada de 14 sobre 100, dos puntos menos que el año anterior. El Democracy Index del Economist Intelligence Unit lo sitúa en la categoría de régimen autoritario.

Desde la represión de las protestas de 2018, el régimen canceló el estatus legal de más de 5.200 organizaciones de la sociedad civil, 1.500 de ellas en un solo día de agosto de 2024. También persiguió y exilió a disidentes, y retiró la nacionalidad a opositores declarados, según documenta Freedom House.

Conviene separar lo verificable de la lectura editorial. Que Nicaragua haya llegado a este punto es un hecho respaldado por datos. La calificación de Ortega como la última dictadura de América Latina, en cambio, es una valoración de El País y de la exguerrillera Mónica Baltodano, no un dato mensurable. Es una lectura razonable, pero es una interpretación.

Un fenómeno regional

El retroceso no es exclusivo de Nicaragua. Venezuela y El Salvador muestran otros grados de erosión democrática, con autocracias electorales de intensidad distinta. Costa Rica y Uruguay se mantienen en los puestos altos de los índices regionales. La diferencia está en la intensidad y en los mecanismos, no en la existencia misma del fenómeno.

Quedan incógnitas abiertas, como señaló Baltodano: si el Ejército aceptaría una sucesión dinástica heredada a los hijos de la pareja presidencial, o la ingeniería jurídica exacta del fin de las elecciones. Son preguntas sin respuesta por ahora, y conviene no adelantarlas.