EEUU sanciona a la presidenta de la CPI

Washington congeló los activos de la jueza japonesa Tomoko Akane y de un abogado litigante senior de la CPI. Es la última de una serie de sanciones que ya alcanza a la mitad de los jueces del tribunal.

La sanción y quién la anunció

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó el 18 de agosto de 2026 a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y a Abdoulaye Seye, abogado litigante senior del tribunal, de nacionalidad senegalesa. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la medida, que congela cualquier activo que ambos tengan bajo jurisdicción estadounidense.

Un día después, la CPI respondió calificando las sanciones de "ataque flagrante" contra la independencia del tribunal y afirmó que continuará su trabajo de buscar justicia por atrocidades en todo el mundo.

No es la primera vez, ni la segunda

Lo que distingue este episodio no es tanto su ocurrencia aislada como su lugar dentro de un patrón que se ha ido acumulando. Según el propio tribunal, la administración Trump ha sancionado ya a nueve de los 18 jueces de la CPI, a ambos fiscales adjuntos, a su expresidente de la fiscalía y a otro funcionario de esa misma oficina. Con las sanciones a Akane y Seye, la lista de funcionarios sancionados sigue creciendo, y ahora alcanza directamente a la presidencia del tribunal, su cargo de mayor jerarquía.

Qué es la CPI y por qué le molesta a Washington

La Corte Penal Internacional se estableció en 2002 por acuerdo de la comunidad internacional, con sede en La Haya, para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Estados Unidos nunca ratificó el tratado que la creó, el Estatuto de Roma, y ha mantenido una relación tensa con el tribunal durante buena parte de su historia, con distintos grados de hostilidad según la administración de turno.

La escalada actual de sanciones se enmarca en investigaciones y órdenes del tribunal que Washington considera una extralimitación de su jurisdicción sobre ciudadanos y aliados estadounidenses. Las sanciones económicas —congelamiento de activos, restricciones de visado— son la herramienta que EEUU ha usado repetidamente para presionar al tribunal sin necesidad de una acción militar o diplomática de mayor escala.

El costo de sancionar a un tribunal internacional

Congelar los activos personales de jueces y fiscales no detiene el funcionamiento de la CPI —el tribunal sigue operando, sus casos continúan— pero sí complica la vida práctica de sus funcionarios y envía una señal política de rechazo directo a su autoridad. El propio tribunal lo interpreta como un intento de disuadir a jueces y fiscales de investigar a ciudadanos estadounidenses o de países aliados, más que como una medida con efecto operativo inmediato sobre los casos en curso.

Lo que no está claro es hasta dónde escalará esta dinámica: si las sanciones seguirán ampliándose a más funcionarios del tribunal, y si otros países —especialmente los aliados de EEUU que también son miembros de la CPI— tomarán alguna postura formal frente a sanciones que afectan a jueces de sus propias nacionalidades, más allá de las declaraciones de respaldo diplomático que ya se han visto en episodios anteriores.